Una investigación audiovisual revela el profundo deterioro de la salud mental dentro de Carabineros de Chile. Entre 2020 y 2024, más de 45 mil funcionarios recibieron licencias médicas por causas psicológicas, evidenciando una crisis estructural marcada por abusos jerárquicos, falta de acompañamiento y una débil aplicación de la Ley Karin.
Por Benjamín Guerrero, Valentina Hernández y Catalina Cortés
Una investigación periodística titulada “El precio del deber: las voces silenciadas de Carabineros” reveló una serie de testimonios y documentos oficiales que exponen el deterioro de la salud mental dentro de la institución uniformada, así como denuncias de abuso, hostigamiento y negligencia institucional.
El reportaje fue realizado por los periodistas Benjamín Guerrero, Valentina Hernández y Catalina Cortés, con la guía de Jorge Rivas, y da cuenta de una problemática estructural que – según las cifras oficiales – ha escalado a niveles críticos.
Más de 45 mil licencias médicas por salud mental entre 2020 y 2024
Según documentos oficiales obtenidos por Ley de Transparencia en Carabineros y respondidos por la entonces ministra del Interior Carolina Tohá, sólo durante 2024 Carabineros registró 26.218 licencias médicas por salud mental, lo que equivale a un promedio de más de 1.250 mensuales.
Si se consideran los datos desde el 2020 al 2024, el total supera las 45 mil licencias, una cifra que – según especialistas consultados – evidencia un deterioro profundo en las condiciones psicológicas de los funcionarios.
Parte de estas cifras están contenidas en el informe, firmado por el general Luis Mayer Fuentes, que fue solicitado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados mediante el Oficio N.º 805. Las cifras fueron posteriormente refrendadas por el Ministerio del Interior, pese a que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró al equipo investigador que se trataba de “un número acumulado de años”, lo que fue contradicho por los propios documentos oficiales.
Denuncias en la Escuela de Formación de Cerrillos
El reportaje expone además un caso ocurrido en la Escuela de Formación de Carabineros (ESFOCAR), en Cerrillos, donde varias alumnas denunciaron haber sido obligadas a desnudarse frente a instructores masculinos, bajo la supervisión del teniente coronel Ángel Lorca Parada.
De acuerdo con los antecedentes recabados en la investigación, los oficiales implicados – Lorca, José Vielma Vidal y Luis Gómez Durán – fueron trasladados a otras reparticiones, pero continúan en servicio activo.
El equipo periodístico accedió a documentos internos donde las declaraciones de los alumnos entrevistados por los sumarios administrativos son idénticas entre sí, repitiendo la frase “No, mi capitán” ante las consultas sobre posibles abusos de poder, lo que sugiere un patrón de respuestas inducidas. Pese a la existencia de múltiples denuncias previas contra Lorca, ninguna terminó con sanciones.
El caso de Nicole Valerio: una carabinera que denunció y no fue escuchada
Entre las historias más impactantes se encuentra la de Nicole Valerio, cabo primero y madre de tres hijos, quien denunció haber sido violada por un sargento primero al interior de la Comisaría de Derechos Humanos en Providencia.
Tras presentar su denuncia, fue derivada a la Comisión Médica de Carabineros, entidad que determina la permanencia de funcionarios en servicio activo. Posteriormente fue dada de baja, perdió su vivienda fiscal y quedó sin atención médica. Meses después, se quitó la vida.
Su padre, Juan Valerio, exsuboficial mayor de Carabineros, aseguró que su hija “no recibió ayuda psicológica ni apoyo institucional”. El caso fue cerrado por la Fiscalía de Género Metropolitana Oriente, sin sanciones contra el imputado.
Aplicación desigual de la Ley Karin
El trabajo investigativo también da cuenta de la aplicación de la Ley Karin, vigente desde agosto de 2024, que busca prevenir el acoso laboral y sexual.
Entre agosto de 2024 y julio de 2025, Carabineros registró 358 denuncias: 327 por acoso laboral, 29 por acoso sexual y 2 mixtas.
Previo a su entrada en vigencia, entre 2020 y 2024, se contabilizaron 809 procesos administrativos, de los cuales solo el 10% terminó con sanciones.
Uno de los testimonios clave es el del mayor Felipe Barraza, excomisario de Vicuña, quien denunció burlas y hostigamientos por parte de superiores. Tras presentar su denuncia, fue sometido a un sumario y desvinculado, pese a que su denuncia de acoso sigue sin resolución.
“El único que asume consecuencias soy yo”, declaró el oficial, señalando que la institución “viola derechos humanos básicos” al no garantizar protección a las víctimas.
Traslados arbitrarios y represalias internas
Otro caso emblemático es el de un sargento segundo activo, quien fue encarcelado durante cuatro años acusado de secuestro y tortura, y posteriormente absuelto. Desde su regreso a la institución ha sufrido traslados constantes, incluso a más de 800 kilómetros de su familia, lo que – según su testimonio – constituye una forma de castigo interno. “Si no eres del agrado del mando, puedes aparecer trabajando en Arica”, relató.
Casos similares se repiten en el relato de un exsuboficial desvinculado, quien fue dado de baja a solo once días de jubilar, pese a haber sido absuelto por la justicia civil. “La decisión depende del jefe, y si le caes mal, tu carrera termina ahí”, sostuvo.
Silencio institucional y falta de políticas públicas
El reportaje también evidencia el silencio de la institución frente a las denuncias. Carabineros rechazó entregar vocerías al equipo periodístico, mientras el Ministerio de la Mujer declaró no tener antecedentes del caso de Nicole Valerio, pese a que la funcionaria envió cartas a la ministra Antonia Orellana, al general director Marcelo Araya y al Presidente Gabriel Boric.
Desde la asociación ExCarChile, su comisionado Marcelo Obando aseguró que el actual general director “ha evitado recibir denuncias” y que la institución “sigue sin políticas claras para resguardar la salud mental de sus miembros”.
En tanto, el senador Gastón Saavedra, presidente de la Comisión del Trabajo, afirmó que “el Estado está al debe con quienes visten el uniforme”, y su par Iván Flores criticó la falta de urgencia en la Ley Integral de Salud Mental, aún en primer trámite constitucional.
“Una bomba de tiempo”
El reportaje cierra con una advertencia de un sargento activo: “Estamos sentados sobre una bomba de tiempo. Hoy me tocó a mí, pero perfectamente podría haber sido otro”.
La investigación concluye que el aumento explosivo de licencias médicas y la reiteración de abusos internos son el reflejo de una crisis estructural donde – según el propio reportaje – “las responsabilidades no están en el eslabón más débil, sino en la cúpula del mando y en las autoridades políticas que han decidido mirar hacia otro lado”.
